lunes, 11 de mayo de 2009

Posible caso para la construcción de analogías

La descentralización y la ordenación del territorio en Venezuela: Estrategias hacia la modernidad.

En Venezuela, y siguiendo un movimiento contemporáneo, la descentralización ha sido concebida como la redistribución política, administrativa y financiera de los poderes del poder público entre los tres niveles de la jerarquía territorial de gobierno: nacional, estadal o regional y municipal o local. Surge ante la necesidad de adecuar el aparato del Estado a las nuevas exigencias de la modernidad y en respuesta al legítimo reclamo -¿conquista?- de las regiones y localidades, por romper con la inercia de nuestra larga y enraizada experiencia centralista y acceder a las decisiones de la administración nacional.

Este proceso democratizador y resultante de las luchas de fuerzas sociales regionales, implica retos de gran magnitud y alcance. En primer lugar, se trata de transferir competencias desde el gobierno nacional -históricamente detentado desde Caracas, la capital de la República y del Distrito Federal- hacia los gobiernos regionales o intermedios y hacia los locales. Supone, asimismo, otra vía complementaria, no concurrente y que persigue el mismo propósito de acercamiento del poder al ciudadano: la desconcentración o transferencia de responsabilidades de parte de las funciones que han de reservarse los ministerios y otros organismos nacionales, en este caso, hacia sus correspondientes dependencias regionales y locales.

Planteado en tales términos, se puede entender que impulsar la descentralización significa comprometer al país con un proyecto de transformación global, gradual, progresivo y dirigido al fortalecimiento de las autonomías regionales, de los poderes locales y la participación ciudadana. Es una estrategia hacia la modernidad que reconoce las desigualdades territoriales y está dirigida al auto-impulso del desarrollo, porque a la descentralización del poder público se suman la correspondiente a las inversiones y la incorporación de la sociedad civil.

Aparición de la descentralización de Venezuela:

El centralismo en Venezuela ha alcanzado proporciones desmesuradas, tiene marcado sesgo de régimen presidencialista y es, por ende, excluyente y antidemocrático. El poder político, administrativo y financiero en manos del Congreso Nacional y, sobre todo en las del Presidente y su gabinete, se tradujo en la progresiva absorción de una diversidad de competencias propias de las regiones y localidades; dos buenos ejemplos: la administración, desde Caracas, de la provisión de todos los servicios elementales y de la planificación de cualquier ciudad. Además, ha extendido sus tentáculos al sector privado, en desmedro de la sociedad en general y su gobernabilidad. Los partidos políticos, el empresariado y los sindicatos, al no poder mantener un diálogo eficiente con el poder público central sin darse una organización similar, disminuyen su capacidad para establecer relaciones transparentes y provechosas.

La política de ordenación del territorio: El Plan Nacional de Ordenación del Territorio.

Después de dos décadas de reflexión y de una consulta profunda y ejemplar ejercicio de democracia participativa, el objetivo central de la política de ordenación del territorio quedó plasmado en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio aprobado en 1998: orientar la localización de la población, de las actividades económicas y la infraestructura física, armonizando criterios de crecimiento económico, desarrollo social, seguridad y defensa, y conservación del ambiente, y con base en el conocimiento de las potencialidades y restricciones específicas de cada ámbito geográfico. Su consecución exige el apoyo a los procesos de descentralización y desconcentración, así como acciones distintas para cada uno de los espacios contemplados y a partir de criterios muy actualizados como: presencia de ventajas competitivas para la inserción en la economía global, grado de economías y deseconomías de aglomeración, y desconocimiento o fragilidad general del ambiente.

La concepción modernizante de este Plan, sustituyó las precedentes versiones, imbuidas en una visión de laboratorio, una aproximación tecnocrática y desactualizada con relación a lo que ha sido el avance del conocimiento en la materia durante al menos veinte años. A partir de un enfoque voluntarista y espacialista, en la versión tradicional se enfatizaba en la necesidad de desestimular o no estimular la concentración en la región Central que, como señaláramos con anterioridad, viene perdiendo su primacía y sin la aplicación de medidas como las contempladas en la proposición desechada: aliviar la concentración geográfica mediante la prohibición o no-estímulo para instalar nuevas industrias o la mudanza de actividades gubernamentales y del sector servicios. Como contraparte, para el desarrollo de la provincia, se contemplaban medidas proteccionistas e intervencionistas: concesión o no de facilidades crediticias y fiscales, sinceración o trato preferencial en la aplicación de tarifas por la prestación de servicios públicos, y ejecución de políticas públicas, especialmente las relacionadas con la inversión y construcción de obras en materia de vialidad, transporte, servicios de infraestructura y comunales, vivienda, y con programas sociales a adoptar por el Estado en favor de la población de menores recursos. Aparte de consolidar los centros regionales existentes y estimular otros de menor importancia, con esta proposición se pretendía avanzar progresivamente hacia las regiones más despobladas y de mayores recursos naturales del país, en particular, promoviendo y fomentando el "Eje Orinoco-Apure".[1]


[1] “La descentralización y la ordenación del territorio en Venezuela: Estrategias hacia la modernidad”. Geógrafa Rosa M. Estaba. Escuela de Geografía de la Universidad Central de Venezuela.

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